Los criterios ESG y el departamento jurídico corporativo
El panorama de la sostenibilidad se está ampliando y volviéndose cada vez más diverso, complejo y lleno de riesgos. Puesto que el énfasis en los criterios ESG es ahora un imperativo empresarial en todos los sectores y tipos de empresas, estas necesitan responder creando nuevos roles en sus organigramas, cambiando algunos cargos o recurriendo a ayuda externa.
Internamente, se suele poner al director jurídico a cargo de esta nueva tarea. Este puede tener la libertad de crear un equipo ad hoc con nuevos cargos, como el de director de Responsabilidad (CRO) o de Sostenibilidad (CSO).
Posicionados en la intersección de los asuntos jurídicos, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, los departamentos jurídicos necesitan tomar las riendas para garantizar que los factores ESG no se pasen por alto en sus negocios, lo cual los convierte en responsables ante el Consejo de Administración y otros actores clave. La creciente importancia de la sostenibilidad y los criterios ESG están estrechamente ligados al papel del departamento jurídico corporativo.
Como guardián del negocio con amplios conocimientos sobre el riesgo y la mitigación proactiva, le corresponde a este departamento liderar la estrategia ESG y guiar a la empresa en sus esfuerzos:
- comunicando el riesgo y las oportunidades que presenta la estrategia ESG de forma eficaz
- desarrollando mecanismos de información y publicación de los criterios ESG
- influyendo en el entorno normativo al compartir su experiencia con los organismos reguladores y desarrollar una estructura normativa de ESG para obtener resultados positivos
Además de las expectativas depositadas por el Consejo en el departamento jurídico con respecto a la estrategia ESG, resulta imposible ignorar la correlación entre los criterios ESG y la senda hacia la digitalización emprendida por estos departamentos. El efecto de las prioridades de ESG sobre la digitalización resulta evidente, ya que la aceleración de los proyectos de digitalización ha permitido a los departamentos jurídicos identificar y emprender proyectos de digitalización adicionales.