Ley Antifraude: software y requisitos

Los obligados tributarios deberán estar adaptados a la normativa antes del 1 de julio de 2025, si bien esta fecha puede sufrir aplazamientos para retrasarla a otra posterior al 29 de julio de 2025, cuando entrará en vigor para los desarrolladores y comercializadores.

La normativa aplica en todo el territorio español (excepto País Vasco, Navarra, y empresas acogidas al SII), y afecta a todos los contribuyentes que utilicen sistemas informáticos de facturación y que sean:

• Contribuyentes del Imp. sobre Sociedades, excepto entidades exentas.
• Contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas.
• Contribuyentes del IRNR que obtengan rentas mediante establecimiento permanente.
• Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas.

La comunicación de los registros de facturación a la AEAT es voluntaria. El contribuyente tiene dos opciones:

• Envío automático de cada registro de facturación a la Administración Tributaria (llamado Sistema de emisión de facturas verificables o sistema Verifactu es la opción más cómoda y la recomendada por la Administración.
• Registro sin envío de las facturas: cada registro debe estar firmado digitalmente y estar a disposición de la AEAT en cualquier momento.

Afecta a todas las empresas y profesionales que emiten facturas mediante lo que el Reglamento considera que es un sistema informático de facturación, es decir, cualquier sistema de software y hardware que se use para emitir facturas y que permita admitir, conservar y procesar la información de facturación.

Asegúrate de utilizar un programa de facturación adaptado a la misma y que incluya la correspondiente Declaración Responsable conforme que el sistema cumple con lo dispuesto en la LGT y el Reglamento. Déjanos tus datos en el formulario a pie de página y te informaremos sobre nuestros productos a3factura, a3ERP, a3asesor Ges y a3innuva ERP.

Según el Reglamento, se considera sistema informático de facturación al conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas y que permita:

• Admitir la entrada de información de facturación por cualquier método.
• Conservar la información de facturación, ya sea mediante su almacenamiento en el propio sistema informático de facturación o mediante su salida al exterior del mismo 
  en un soporte físico de cualquier tipo y naturaleza o a través de la remisión telemática a otro sistema informático, sea o no de facturación.
• Procesar la información de facturación mediante cualquier procedimiento para producir otros resultados derivados, independientemente de dónde se realice este proceso, pudiendo ser en el propio sistema informático de facturación o en otro sistema informático previa remisión de la información al mismo por cualquier vía directa o indirecta. 

Lo son si se utilizan para admitir, conservar y procesar la información de facturación. Por lo tanto, si lo son, deberán cumplir los requisitos que establece este Reglamento, lo que implica tener un sistema adaptado.

Una factura es un documento expedido por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad que refleja una entrega de bienes o prestación de servicios. 

La normativa española, en concreto el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, habla de dos tipos de facturas:

• La factura completa u ordinaria, que debe incluir todos los datos y requisitos que se detallan en este Reglamento.
• La factura simplificada, que sustituyó los denominados tickets y que tiene un contenido más resumido que la completa.

El “ticket” no existe. En realidad, el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación habla de factura simplificada.

Sí, el incumplimiento de los requisitos por parte de empresas y autónomos se sancionará con multas de 50.000 euros “por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados”.

En el caso de los desarrolladores y comercializadores de software, serán multas de 150.000 euros “por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción”. Además, “se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado”.

No está previsto.

Las soluciones de facturación de Wolters Kluwer a3factura, a3ERP, a3innuva ERP y a3asesor Ges estarán plenamente adaptadas a los nuevos requisitos dentro del plazo previsto por la normativa, es decir, a los 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial.

La aprobación de la Ley Crea y Crece trae consigo, entre otras medidas, la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los intercambios entre empresarios y profesionales. De esta manera se quiere garantizar mayor trazabilidad y control de pagos, con el objetivo final de evitar la morosidad.